Desde la reforma a nuestro sistema universitario realizado en la década de los ochenta, cada vez me sorprendo mas al ver las siderales utilidades que consiguen las casas de estudios privadas, y con disgusto las públicas, con el ‘negocio’ de la educación. Sin embargo, debo reconocer que en mis cortos veinte años nunca me había causado tal molestia conocer la cifra a la que ascienden hoy tales ganancias, así a la fecha el mercado de la educación superior mueve más de 3.300 millones de dólares, y lo que es peor con altísimas posibilidades de seguir creciendo.
Es así como hoy nuestro país, según datos del fondo monetario internacional, ostenta un vergonzoso segundo lugar en el ranking de los países en la relación entre aranceles y el ingreso per cápita promedio de cada chileno, el cual significa un 39% del ingreso per capita. Lo curioso es que Chile solo es superado por Estados Unidos, país potencia mundial cuyo nivel de ingresos es estrepitosamente superior al de nuestro país.
Sólo para hacernos una idea, hoy en nuestro país el arancel mínimo entre las carreras ofrecidas por los planteles universitarios asciende a la suma de 3.000 dólares, que si los convertimos en nuestra moneda nos da una cifra de 1.540.000 pesos, cifra que por si sola es impresentable.
Estos números hablan por si solos, y a mi entender nos dicen con gran urgencia que algo no marcha bien. Desde luego podrán existir, pienso que son los menos, personas a quienes les agrade el actual sistema y otras, que estoy seguro que son la inmensa mayoría, que claman por un cambio profundo de nuestro sistema universitario entre las cuales pertenezco, pero por sobre estas legítimas diferencias se interpone el futuro y la necesidad de una vez por todas de abordar el tema de la educación con una mirada conciliadora y no excluyente como la hemos visto durante el último tiempo.
Al decir que por sobre las diferencias legítimas se interpone el futuro, hago ver el enorme desafío que tiene por delante nuestro país de convertirnos en actor principal de la llamada sociedad del conocimiento, cuestión que sin dudas en las próximas décadas determinara el nivel de riqueza de las naciones, con la consecuente retribución económica a las personas que forman parte de ella. Pero si queremos ser un país justo, debemos tener claro que nuestra inserción al mundo del conocimiento y de las oportunidades, no se logrará si tenemos como base el actual sistema educativo, pues por el contrario, con él sólo lograremos excluir a una gran cantidad de ciudadanos que por el sólo hecho de no tener ingresos suficientes para acceder a una carrera universitaria se verán ajenos a las múltiples posibilidades que esta nos ofrece.
En definitiva, si aspiramos a convertirnos en el corto plazo en una sociedad desarrollada, debemos tener plena seguridad de que ello no lo lograremos con un sistema universitario que crece a costa del endeudamiento excesivo de las familias, sino que es mas viable conseguirlo con un sistema en el cual las universidades públicas puedan albergar a la gran cantidad de talentos chilenos que hoy en día se encuentran excluidos. Sin embargo, esto no tiene sentido si sólo se le exige al estado mayores recursos económicos, sino que sólo rendirá frutos cuando el gobierno y la sociedad civil sean capaces de exigirles a ellas una educación de excelencia, entendiendo claramente que para alcanzarla se requiere dejar de lado antiguas prácticas deplorables y centrar nuestros esfuerzos en construir universidades públicas líderes en investigación y en formación de capital humano, cuyos intereses de desarrollo coincidan y vayan de la mano con los intereses del bien común. Solo de esta forma, y con el apoyo de todos, podremos creer que un Chile más justo es posible.
