Estado de catástrofe: terremoto en Chile.

En virtud de lo dispuesto por la constitución política de la república en su artículo 39, el ejercicio de los derechos y garantías constituxionales que este cuerpo legal reconoce a las personas, sólo pueden verse afectados bajop las llamadas situaciones de excepción,

entre las cuales se encuentran: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y la cada ves mas nombrada calamidad pública.

Es en este último caso de excpeción donde el presidente de la república podrá declara estado de catástrofe, teniendo que determinar a que zona en especìfica se extenderá dicho régimen jurídico excepcional. Esta categoria jurídica, como lo señala la propia CPR en el artículo 43, Inc. 3º, faculta al presidente a adoptar las medidas necesarias para reestablecer oportunamente la normalidad en la zona afectada, así la principal magistratura de la nación podrá restringir las libertades de locmoción y de reunión, como asimismo, requisar bienes y limitar el derecho de propiedad de los particulares sobre sus bienes.

Es decir, nuestra carta fundamental otorga amplias facultades constitucionales al presidente de la república, para que este en conjunto al jefe de seguridad de la nación (artículo 41. Inc 3º CPR) logren en tiempo razonable el cometido de reestablecer el deseado orden legal en la sociedad civil afectada.

Sin emabargo, es cuestionable el ejercicio que la presidenta Michele Bachelet Jeria le ha dado a esta garantía que le otorga la constitución, en cuanto a adoptar las diligencias necesarias para asegurar el orden público en las zonas perturbadas por el grave terremoto del pasado 27 de febrero. Es cuestionable, puesto que pasada 72 horas desde ocurrido tan lamentable catastrofe natural, aún no se ven soluciones oportunas y claras en orden a mejorar la precaria condición en la que se encuentran miles de compatriotas, hechos que han llevado a niveles inusuales de conflictividad social.

La crítica se legitima al comprender que en base al estatuto jurídico especial delegado al presidente muchos problemas que se han ido suscitando en las últimas horas se pudieron haber evitados, al menos parcialmente. A modo de ejemplo, el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad por parte de particulares, se pudo haber evitado si la presidenta hubiera hecho ejercicio de la facultad constitucional que le permite disponer de la requisiciones de bienes, puesto que era deseable que ante tal situación extraordinaria excepción y en atención a las consecuencias sociales que se originaron por la falta de estas medidas, el estado hubiera requisado las principales bodegas de supermercados como también los camiones de abastecimiento de gasolina con el propósito de entregar dichos bienes de primera necesidad a quienes urgentemente los necesitaban, así impidiendo que tal carencia llevara a estos a doptar medidad radicales abiertamente contrarias a nuestro orden legal, como lo han sido los numerosos saqueos colectivos y los reprochables pillajes ciudadanos.

Ahora bien, como todo en materia jurídica ha de tener un justo equilibirio legal, la propia carta fundamental en su artículo 45 reconoce y asegura a los particulares que se hubieren vistos afectados por la limitación a su derecho de propiedad a causa de los actos adoptados por el gobierno, el derecho a ser uso de los recursos procesales pertinentes con el objeto de reclamar ante los tribunales de justicia las debidas indemnizaciones.

Sin embargo, creo que ante situaciones excepcionalísimas como las que hoy vive el país bien vale la pena que el presidente adopte tal tipo de medidas constitucionales, en ningún caso para vulnerar los derechos que nuestra constitución consagra y asegura a cada uno de los nacionales chilenos y su consecuencia del debilitamiento de un estado de derecho insustituible en nuestra democracia, sino que por el contrario, el uso de tales medidas no buscan más que reestablecer el anhelado estado de derecho inexistente en la zona afectada, puesto que cuando esta en juego la continuidad de los principios y valores mínimos en base a los cuales se sustenta la convivencia humana, como los son el respeto por el derecho a la vida, la libertad y el debido resguardo de la integridad física de las personas,como hoy ha quedado de manifiesto en las principales ciudades y localidades afectadas por el terremoto, siempre será necesario y útil hacer uso de tan necesarias medidas constitucionales.

Karim Nehme G.